Por Redacción SalaUrbana / info@salaurbana.com
Una coalición de más de 30 organizaciones de base comunitaria provenientes de Peñuelas, Caguas, Río Piedras, Humacao y otros lugares se han unido en un acto de apoyo a las demandas de la comunidad de Vieques en relación con la regulación inmediata de la venta de propiedades públicas y privadas, el control de alquileres y la provisión de viviendas dignas para las familias en este municipio insular.
La manifestación, que reunió a más de 40 personas representando diversas organizaciones de justicia social de todo el país, tuvo lugar frente al Tribunal de Fajardo en el contexto de una audiencia relacionada con la estudiante y activista viequense Katherine Martínez. Los hechos que llevaron a esta audiencia ocurrieron en julio durante una protesta contra la subasta de tierras por parte del Municipio de Vieques. Es importante destacar que la manifestación de julio logró detener dicha subasta.
Entre las organizaciones presentes se encontraban Taller Salud, Colectivo Ilé, Comedores Sociales de Puerto Rico y Casa Tallaboeña, así como La Colmena Cimarrona de Vieques, Alianza de Mujeres Viequenses y Vidas Viequenses Valen.
José Manuel Díaz, administrador de la Casa Tallaboeña, expresó: "Apoyamos las demandas de Vieques, que son las mismas que enfrentan muchas comunidades en riesgo de desplazamiento en nuestro país". Esta organización es una de las más de 30 que suscribieron un manifiesto con las demandas mencionadas. Además de las mencionadas, las demandas incluyen la transferencia de terrenos públicos a un fideicomiso de tierras comunitarias y la participación de las comunidades en la planificación y las decisiones sobre el uso de terrenos públicos.
El caso de Katherine Martínez, estudiante de trabajo social y atleta en el Recinto de Río Piedras de la UPR, ha ganado relevancia entre las organizaciones comunitarias de todo el archipiélago. Este caso ejemplifica la situación que enfrentan muchas otras comunidades en Puerto Rico: la amenaza de desplazamiento de sus comunidades ancestrales debido a la expansión del turismo, la falta de viviendas asequibles y la inseguridad de la vivienda. La familia de Martínez, que también forma parte de la organización agrícola La Colmena Cimarrona, es una de muchas que no ha podido adquirir una vivienda propia y enfrenta inseguridad de vivienda debido a la volatilidad del mercado de alquiler.
La audiencia se ha pospuesto para el 30 de octubre, y la abogada María Soledad Sáez, de la Sociedad para la Asistencia Legal, informó que el equipo de defensa y la fiscalía están en conversaciones para buscar una solución de base comunitaria no punitiva que tome en consideración todos los factores del caso.
"Las organizaciones que firman este manifiesto hacen un llamado a la búsqueda de soluciones para la tenencia colectiva de tierras y la provisión de viviendas dignas en el camino hacia la construcción de un país más solidario, justo y democrático", reza el manifiesto firmado por organizaciones como El Puente, la Federación de Estudiantes de Trabajo Social (FETS), la Colectiva Feminista en Construcción, Mía Libertad, Movimiento Anansé, Inc., Taller Rompeolas, María Fund, Mujeres de Isla en Culebra, HASER Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, el Instituto para la Agroecología Investigación y Acción y Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, entre otras.
Comments