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Advierten cierre de Organizaciones Sin Fines de Lucro si se aprueba aumento de 28% en factura de luz

Por Redacción SalaUrbana / redaccion@salaurbana.com



(San Juan, Puerto Rico)– La senadora por acumulación, Keren Riquelme, pidió a la juez Laura Taylor Swain rechazar el posible aumento de 28 % en la factura de luz, enfatizando que las organizaciones sin fines de lucro, centros de cuido para adultos mayores al igual que entidades de base de fe, no podrán operar ante el masivo cargo.


“La imposición de un cargo de 28 por ciento en la tarifa de la luz que está impulsando la Junta de Supervisión Fiscal en el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sería fatal, esa es la palabra, para las organizaciones sin fines de lucro, así como para los centros de adultos mayores y personas con necesidades especiales. Estamos hablando que si se materializa ese cargo, que rechazó, cientos de organizaciones sin fines de lucro, que son la primera línea de ayuda para muchos de los sectores más vulnerables en Puerto Rico, dejarán de operar de forma inmediata”, comentó la Senadora por Acumulación.


“Las organizaciones sin fines de lucro e iglesias fueron vitales en la respuesta después del huracán María en septiembre de 2017, así como los terremotos de enero de 2020. No podemos permitir que éstas cierren. La Juez Swain tiene que tomar en consideración estas entidades, la labor social que realizan a favor del pueblo y los más desventajados, estamos hablando de personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia doméstica, menores maltratados, envejecientes y personas con necesidades especiales; todos se verán afectados con este despiadado aumento”, sentenció Riquelme, quien reiteró el rol central que juegan las organizaciones sin fines de lucro en la labor social.

En estos momentos la Juez Swain se encuentra evaluando el PAD de la AEE luego de escuchar la pasada semana la representación legal de la Junta de Supervisión Fiscal, al igual que los tenedores de la deuda de dicha corporación pública la cual asciende a $9,000 millones.


“He sostenido reuniones con personal de múltiples entidades sin fines de lucro, que hacen una labor extraordinaria. De igual forma con organizaciones que administran centros de cuidado prolongado para nuestros envejecientes y personas con necesidades especiales. Lamentablemente muchas de esas plataformas de apoyo no tendrán otra opción que no sea cerrar operaciones ante los altos costos asociados con el aumento propuesto por la Junta y los bonistas. Se tiene que mirar la capacidad de repago, que no hay para 28 por ciento, y el efecto que tendrá en las operaciones del tercer sector, el cual será detrimental. Por eso no se puede aprobar este PAD”, culminó diciendo la Senadora.

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